En Venezuela la crisis económica ha ocasionado que millones de personas no tengan posibilidad de adquirir una casa, por lo que tienen que alquilar. Sin embargo, cuando el dueño de una vivienda quiere que su ocupa se marche puede generarse una guerra entre ambas partes, debido a que legalmente la persona que alquila la vivienda no está obligada a salir, no obstante, esto puede derivar en que el dueño del inmueble tome medidas aberrantes para lograr su cometido.
En esta edición de Registro Criminal el abogado y especialista en Seguridad Ciudadana, Francisco Quintero, comparte la historia de Vilma Amundaray, una mujer que se negaba a salir de la casa que alquilaba en Petare, debido a que no tenía otro sitio para vivir junto a su hijo de 30 años, discapacitado, lo que ocasionó la furia del dueño de la propiedad.
La pesadilla para Vilma comenzó el pasado 1 de junio, aproximadamente a las 7:30 de la mañana:
«Llegaron de 6 a 8 hombres y una mujer, armados con pistolas, haciéndose pasar por policías, me dijeron que había una orden de desalojo por la Fiscalía, tenían un papel. Entonces, me quitaron la cédula y el teléfono y me metieron en un cuarto con otra mujer y un hombre hasta las dos de la tarde. Me decían que me iban a meter presa, que tenía que desalojar, y empezaron a recoger todos mis corotos en dos camiones de mudanza, según me comentaron mis vecinos, porque no me dejaron salir. Vaciaron la casa», contó Vilma entre llantos.
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LA VIDA DE SU HIJO EN PELIGRO
Esta no era la primera vez que el dueño de la casa demostraba que estaba dispuesto a todo con tal de sacar a su inquilina, ya que días atrás había interceptado en plena calle al hijo discapacitado de Vilma y lo golpeó en reiteradas ocasiones, amenazandolo con un machete.
Como consecuencia de que los supuestos policías dejaron la casa completamente vacía, y para salvaguardar la vida de ella y de su hijo, Vilma decidió salir del inmueble hacia casa de una amiga, que la recibió por unos días, porque no tiene para donde ir.
El caso fue denunciado ante la Fiscalía Pública para que se inicie una averiguación. Posteriormente, la Fiscalía en estos casos gira las instrucciones a un órgano de investigación penal, que a partir de ese momento llevará a cabo las averiguaciones.
En caso de ser hallado culpable de todos los crímenes por los que se le acusa, (Privación ilegítima de libertad, robo, agavillamiento), el dueño de la vivienda tendrá que cumplir una pena de 10 a 15 años de prisión.
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