Los pueblos indígenas llevan aproximadamente tres años pidiendo ayuda ante los constantes ataques que sufren por parte de los garimpeiros (mineros ilegales) en su territorio, están siendo sometidos a situación de esclavitud en las comunidades más alejadas y de difícil acceso del municipio Manapiare, del estado Amazonas, en la frontera entre Venezuela y Brasil.
El abogado Gumersindo Castro, defensor del Pueblo en la entidad amazonense, dio a conocer la denuncia, que catalogó como «muy grave», al tratarse de «la presencia ilegal de brasileros armados en territorio venezolano, situación que se traduce en una amenaza para los indígenas pobladores de la zona».
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«La presencia de estas personas, de forma ilegal, en territorio venezolano corresponde a la práctica de la actividad minera», señaló el abogado, quien reveló que las organizaciones que presentaron la denuncia aseguraron que los «garimpeiros» poseen unas 30 máquinas usadas para la extracción de minerales.
Además, los habitantes de los pueblos originarios de la zona aseguraron que se cometieron asesinatos de líderes indígenas que promovieron la denuncia sobre la «irregularidad» que viven en esa jurisdicción. El defensor del Pueblo concluyó que «se debe castigar a los responsables de estos hechos que se traducen en la violación de la soberanía venezolana y falta de protección a los pueblos indígenas».
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