La Corte Penal Internacional (CPI) anunció el viernes que rechazó las objeciones presentadas por el Gobierno de Nicolás Maduro y que seguirá adelante con su examen preliminar sobre la situación de Venezuela, donde se han documentado graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.
La decisión se basa en el informe del fiscal saliente Fatou Bensouda, quien concluyó en noviembre de 2020 que existen fundamentos razonables para creer que se han cometido crímenes de competencia de la CPI en Venezuela desde al menos abril de 2017.
El chavismo había solicitado a la CPI que desestimara el examen preliminar, argumentando que Venezuela estaba llevando a cabo investigaciones genuinas sobre los mismos hechos y que, por lo tanto, se aplicaba el principio de complementariedad, según el cual la CPI solo puede intervenir cuando los Estados no son capaces o no quieren juzgar a los responsables.
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Sin embargo, la CPI consideró que las autoridades venezolanas no han proporcionado información suficiente y creíble sobre las investigaciones y procesos en curso, ni sobre la supuesta cooperación con la Oficina del Fiscal. Además, señaló que existen indicios de falta de independencia e imparcialidad del sistema judicial venezolano y de interferencia política en los casos relacionados con los crímenes denunciados.
Venezuela en la mira del mundo
La CPI también rechazó el argumento del madurismo de que el examen preliminar era una injerencia externa en los asuntos internos de Venezuela y una violación de su soberanía. Al respecto, recordó que Venezuela es un Estado parte del Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la CPI, y que ha aceptado voluntariamente la jurisdicción de la Corte.
La decisión de la CPI es un paso importante para garantizar la justicia y la rendición de cuentas por los crímenes cometidos en Venezuela bajo el régimen de Maduro. También es un mensaje claro para las víctimas y sus familiares, que han sufrido durante años la impunidad y la represión. La CPI debe ahora avanzar hacia la apertura de una investigación formal y la emisión de órdenes de arresto contra los principales responsables.
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